El Juzgado de Paterna ha incoado a instancias de Fiscalía el
oportuno procedimiento penal que deberá valorar si el actual alcalde mintió al denunciar
que “la creación de DLP supuso a los paterneros pérdidas de más de un millón de
euros”, cuando la realidad es que todo el coste lo asumió el socio privado de
la empresa.
A instancias de la Fiscalía
Provincial de Valencia, el Juzgado de
Paterna está analizando si el actual alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo,
pudo incurrir denuncia falsa y delitos contra el honor en relación a la
denuncia que el actual alcalde presentó sobre la empresa mixta Desarrollo Local
de Paterna, DLP. En este sentido la
ex alcaldesa de Paterna y denunciante, Elena Martínez, recibió notificación por
parte de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia en la que le
informa que en relación a su denuncia contra Juan Antonio Sagredo, se remitían al Juzgado de Paterna las
diligencias de investigación para que se incoe el oportuno procedimiento penal.
Esta
denuncia fue la réplica que Elena Martínez dio a Sagredo al entender que éste había
incurrido en delitos de denuncia falsa y
delitos contra el honor. La denuncia de Elena Martínez contestaba también a
manifestaciones públicas en notas de prensa efectuadas por el actual alcalde en
plena campaña electoral en las que afirmaba que “la creación de la empresa mixta DLP ha costado a los paterneros más de un millón de euros:
500.000 euros en memorias y pliegos de condiciones más 700.000 euros en
pérdidas”. Distintos informes jurídicos demuestran, como ya explicó el
Partido Popular, que los costes de las
memorias y pliegos de condiciones no fueron abonados por el Ayuntamiento sino
por el socio adjudicatario. Por lo tanto, el desarrollo y ejecución de la
citada empresa mixta, así como los costes derivados de su licitación,
constitución, pervivencia y disolución, no supusieron en ningún caso una merma
para los paterneros. Desde el Partido Popular se recalca que “consideramos
muy grave y un engaño a la ciudadanía que siendo todo esto conocido por Sagredo,
prefirió atacar al equipo de gobierno e incluso denunciarlo en lugar de reconocer
la verdad”.
También
Juan Antonio Sagredo afirmaba a escasos tres días de las elecciones municipales
que el despacho jurídico que redactó las
memorias y pliegos cobró 500.000 euros, siendo falsas las cifras como ya
respondió y desmintió el propio bufete. Desde el Partido Popular siempre se
ha explicado que todos los costes
relacionados con DLP no fueron asumidos por el Ayuntamiento sino por el socio
privado de la empresa mixta. La entonces alcaldesa, Elena Martínez, entregó
toda la documentación en Fiscalía el pasado 22 de mayo, a petición propia, a
raíz de la cual la Fiscalía inició diligencias de investigación penal que ahora
han sido remitidas al Juzgado de Paterna, según escrito recibido de la Fiscal
Jefe.
DENUNCIA FALSA PUEDE SUPONER PENA DE 6 MESES A DOS AÑOS
Ante esta situación de
indefensión a la que fue sometida la ex alcaldesa de Paterna, y tras recibir
asesoramiento jurídico, se iniciaron trámites para demandar al portavoz
socialista Juan Antonio Sagredo por Denuncia
Falsa y delitos contra el derecho al honor.
Según el artículo 456 del
Código Penal incurren en denuncia falsa “los que, con conocimiento de su
falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona
hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante
funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su
averiguación”. Por oro lado el evidente interés de obtener rédito electoral
menoscabando la imagen de la alcaldesa en el que pudo incurrir Juan Antonio
Sagredo supone un presunto delito contra
el derecho al honor tipificado en el código penal con multas de seis a catorce
meses.
Elena
Martínez recordó que “llevamos años soportando denuncias que carecen de
fundamento por parte de otros grupos políticos pero que utilizan como si fueran
ya algo juzgado y estuviéramos condenados cuando nunca es el caso”. Martínez
añade que “estas manifestaciones nos han
supuesto un tremendo daño moral y un descrédito hacia la ciudadanía, siendo ese
y no otro el verdadero objeto de esas denuncias”. Por este motivo Martínez ha recordado
que “cada denuncia falsa de la que
seamos objeto y quede archivada va a tener la correspondiente denuncia por lo
penal”.
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