Compromís per Paterna propone una ordenanza para delimitar y concretar medidas ante las imputaciones formales a miembros de la corporación
El portavoz municipal de Compromís en Paterna, Juanma Ramón, afirma que “si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía en sus representantes públicos y en la política, es necesario que se tomen medidas desde la administración más pequeña, como es el caso del Ayuntamiento. Por ello hace falta que el consistorio paternero tenga una norma que sea válida para hacer frente a las imputaciones formales a los miembros de la corporación. Una situación que, desgraciadamente, en Paterna ya sabemos de qué va con la actual alcaldesa y cuatro regidores más imputados”.
“Por eso desde Compromís proponemos en el pleno de diciembre que se ponga en marcha una ordenanza municipal donde se concreten y delimiten las medidas a aplicar a los ediles que tengan una imputación, sean del grupo municipal que sean. Y que los mismos grupos municipales tienen que incorporar a sus reglamentos o normas internas de funcionamiento. Evidentemente respetamos la presunción de inocencia, pero si el imputado/imputada se aparta del cargo no mancha el nombre del consistorio. Todo esto mientras en los juzgados se solventa el caso”.
“Así, dentro de esta norma Compromís propone medidas preventivas como que el regidor o regidora imputado sea apartado de cualquier representación dentro de los órganos de gobierno o de la administración del Ayuntamiento. Tampoco podrá representar al Ayuntamiento ni ser invitado o participar en actos oficiales de la corporación”.
“Y que si, además, forma parte de la Junta de Gobierno Local (JGL), es teniente de alcalde o tiene alguna área de gobierno delegada, que sea relevado de ese cargo. Y todo esto comportará también la correspondiente deducción del régimen de retribuciones, pasando a percibir sólo asistencias por concurrencia a plenos y comisiones”.
“Si quien está imputado o imputada es la alcaldesa, como es el caso de Paterna, tendría que delegar en el/la vicealcalde. Y en cuanto a las retribuciones económicas se procederá a aplicar la norma como en el caso de los regidores, en proporción a su dedicación efectiva en esa nueva situación”.
Según explica Ramón, “cuando hablamos de imputación, será necesario que la imputación judicial esté tipificada en el Código Penal como delitos contra la Administración Pública tales como prevaricación, revelación de secretos, soborno, tráfico de influencias, malversación, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otras conductas delictivas”.
“La idea es que una vez esté puesta en marcha la ordenanza, se adopten estos acuerdos desde el momento en que el miembro de la Corporación resulte imputado por cualquier delito contra la Administración Pública de los recogidos en el Código Penal. Son acuerdos o medidas que se tendrán que mantener hasta el archivo de las diligencias o el sobreseimiento respecto del miembro de la Corporación Municipal afectado”.
“Queremos recuperar la confianza de la ciudadanía en los gestores políticos y en la política y esta propuesta va en esa dirección. En caso de que no salga adelante, a partir de mayo de 2015, si estamos en el equipo de gobierno, la llevaremos a cabo. Tenemos claro que Compromís trabaja para la ciudadanía y no al revés”, concluye Juanma Ramón.
