El PP valenciano afronta en 2015 la cita electoral más complicada desde que conquistó la Generalitat en 1995, según las encuestas. Lo hará, además, con tres investigaciones por supuesta financiación ilegal por delante centradas en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2007. En los tres casos aparecen como presuntos pagadores empresarios de la construcción, un sector que vivía entonces el boom inmobiliario.
La primera investigación está judicializada en el seno del caso Gürtel y afecta a casi todos los miembros de la antigua dirección regional de la formación y a un exvicepresidente del Consell, que niegan la acusación. La segunda atañe a la campaña de Paterna, que la Fiscalía Anticorrupción se dispone a denunciar, tras haber completado las diligencias preliminares, ante los juzgados del municipio. El exalcalde Lorenzo Agustí, máximo beneficiario de aquella campaña, guarda silencio desde su dimisión en julio. La tercera
La segunda investigación atañe a la campaña de Paterna, que la Fiscalía Anticorrupción se dispone a denunciar tras haber completado las diligencias preliminares ante los juzgados del municipio
Los hechos de Paterna, el décimo municipio más poblado de la Comunidad Valenciana, “desde el punto de vista jurídico penal, han de ser valorados en su conjunto” con los del caso Gürtel porque “en última instancia la contabilidad y su rendición de cuentas correspondientes a las elecciones municipales de 2007 en la Comunidad Valenciana no pueden ser analizadas sin tomar en consideración incluso la contabilidad y rendición de cuentas correspondientes a las elecciones autonómicas del mismo día”, sostuvo el fiscal en un proceso en el que los socialistas también ejercen la acusación.
El magistrado denegó la petición y recordó para ello la “competencia especial y excepcional, por exclusiva razón de aforamiento o inescindible conexidad con aquel, que viene jurisprudencialmente entendiéndose que tiene la competencia la competencia de la sala de este tribunal de aforados”.
El fiscal trasladó al juez Ceres que la empresa Eurostalvis Comunicaciones, que se “encargó” de la campaña de Agustí, “identificando” como “destinatario al Partido Popular de Paterna” emitió “las facturas” a nombre “de tres empresas constructoras con una misma dirección fiscal, Fogival, Balispa y Vatoyma”, “que nada tienen que ver con el mundo de la publicidad o las campañas electorales”. Y estimaba por ello “difícil encontrar justificación alguna para que abonen gastos de la campaña electoral de un partido político”.
El fiscal admitió, sin embargo, que en el caso de Paterna, denunciado originalmente por Compromís, no aparecen aforados —miembros de las Cortes Valencianas o del Consell— ni sociedades de Gürtel, las condiciones fijadas por el juez Ceres para unir las pesquisas. Lo mismo sucede con los pagos en b denunciados por Ruiz Córcoles en Alicante. Por ello la opción con más posibilidades, según las fuentes consultadas, es que en vez de una se desarrollen tres investigaciones sobre la financiación en paralelo.
elpaís
El fiscal trasladó al juez Ceres que la empresa Eurostalvis Comunicaciones, que se “encargó” de la campaña de Agustí, “identificando” como “destinatario al Partido Popular de Paterna” emitió “las facturas” a nombre “de tres empresas constructoras con una misma dirección fiscal, Fogival, Balispa y Vatoyma”, “que nada tienen que ver con el mundo de la publicidad o las campañas electorales”. Y estimaba por ello “difícil encontrar justificación alguna para que abonen gastos de la campaña electoral de un partido político”.
El fiscal admitió, sin embargo, que en el caso de Paterna, denunciado originalmente por Compromís, no aparecen aforados —miembros de las Cortes Valencianas o del Consell— ni sociedades de Gürtel, las condiciones fijadas por el juez Ceres para unir las pesquisas. Lo mismo sucede con los pagos en b denunciados por Ruiz Córcoles en Alicante. Por ello la opción con más posibilidades, según las fuentes consultadas, es que en vez de una se desarrollen tres investigaciones sobre la financiación en paralelo.
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