La plataforma en defensa de los servicios públicos -compuesta por asociaciones vecinales, partidos políticos y personas particulares y formada en 2011 a raíz de los despidos de en el Consistorio de Paterna- celebraron en la tarde de ayer una asamblea a la que acudieron más de un centenar de personas que quisieron tener información de primera mano de como afectan a la ciudadanía las últimas leyes y anteproyectos de ley referentes a la seguridad ciudadana y a la Racionalidad y Sostenibilidad de las Administraciones Públicasque elimina competencias a las administraciones locales.
Lo hicieron en un debate en el que no faltó turno de palabra para nadie que quiso participar y que expusieran sus teorías y sus puntos de vista.Julio Conesa, representante de C.C.O.O. y ponente, destacó el cambio en el modelo que durante los últimos 35 años se ha creado con la descentralización de servicios y que ahora el gobierno está volviendo a instaurar, un cambio de modelo que el PP aprueba dado que se ha creado lo que ellos denominan “competencias impropias” y que dejan al tejido local “con una mano delante y otra detrás” sobretodo para poblaciones de menos de 2.000 habitantes, poblaciones que quedaran divididas en función del número de habitantes “De este modo se recupera el estado provincial”, afirmaba Conesa.
Por otro lado también se debatió acerca de la nueva ley de seguridad ciudadana que a la par de la de Racionalidad “incluye algunas sorpresas” como la competencia de la seguridad de espacios públicos o la ordenación del tráfico que podría dejar de ser competencia de las unidades de policía local por pasarse a prestar por unidades nacionales o guardia civil. La privatización de la seguridad también fue tema de debate dado que las seguridad privada pasa a tener una función mayor y podría encomendarse labores de vigilancia a guardas jurados o empresas de vigilancia privadas.
Enrica Bataller, abogado y profesor de derecho de la Universidad de Valencia puso en duda el sistema que se está creando por el Partido Popular con la reforma del código penal que regula los delitos y las faltas, “se va a castigar de una manera mas light a partir de ahora”. Y es que algunos delitos podrían tratarse como sanciones administrativas y las administraciones podrán ejercer de jueces“. “Se están creando un traje a medida para castigar los comportamientos que les molesten”.
Respecto a la ley de Racionalidad por parte del gobierno central se llevará a cabo una “presión social con el fin de luchar contra los servicios impropios”, que permitirá al gobierno central retirar subvenciones con el fin de que los Ayuntamientos cumplan con dicha ley y así acabar con los servicios impropios y duplicidades.
A las ponencias, se sumaron las cartas vecinales de la Asociación de Vecinos del Barrio de La Coma quienes destacaron el deterioro que ha sufrido el barrio en los últimos años con la supresión de muchos servicios públicos, La Asociación de parados del mismo barrio y las intervenciones de Favepa, Raquel Rubio de la plataforma de afectados por las hipotecas o de Juanma Ramón de Compromís yJavier Parra de Esquerra Unida, también hicieron acto de presencia varios representantes de UPyD.
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