Tras la denuncia de Compromís, Anticorrupción pide al TSJ que investigue al PP de Paterna en el caso 'Gürtel'

La Fiscalía Anticorrupción ha planteado al instructor de las ramas valencianas de Gürtel, José Ceres, que abra una nueva línea de investigación en la macrocausa que se instruye en el Tribunal Superior de la Comunidad y que incluya en las diligencias la presunta financiación ilegal del PP de Paterna y Alaquàs.

El ministerio fiscal renuncia a una investigación previa y se inclina por judicializar directamente los hechos que se describen en la denuncia al considerar que «el proceso de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y los eventuales delitos cometidos con ocasión del mismo» ya forman parte de las piezas de la financiación irregular del Partido Popular de Francisco Camps, «por lo que interesa su unión junto a la documentación aportada a las presentes».

Así consta en una providencia del juez Ceres de 30 de julio, el mismo día en el que el aún presidente del PP de Paterna, Lorenzo Agustí, renunció por sorpresa a la Alcaldía tras siete años al frente del Gobierno local. Una dimisión repentina que sorprendió a todos, incluido al Consell, y que su entorno atribuyó a motivos familiares.

Tras su declaración ante el juez Ceres como testigo en Gürtel por los contratos con Orange Market, el grupo municipal Compromís presentó en Fiscalía documentación relativa a los gastos electorales de la campaña de 2007 de Agustí en la que se indica que supuestamente más de 200.000 euros fueron asumidos por varias empresas constructoras.

pantallazo de Euroestalvis comunicaciones

En el dossier aportado al fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, se hace alusión a que el PP de Paterna encargó a la empresa Eurostalvis Comunicaciones SL la gestión de marketing de la campaña electoral de 2007. La administradora de dicha sociedad era Amparo Burgos, en la actualidad responsable de marketing de una empresa pública de Paterna. Las irregularidades que observa el fiscal «se centran en la empresa Eurostalvis de Comunicaciones como prestadora de servicios de marketing al mencionado partido y a servicios contratados por los municipios de Paterna y Alaquàs con fondos cuyo origen no consta».

Al parecer, la empresa de marketing identifica «en los conceptos claramente como destinatario al PP de Paterna». Pero la denuncia subraya que las facturas están emitidas a nombre de tres empresas constructoras con una misma dirección fiscal: Fogival SL, Balispa SL, Vatoyma; y una cuarta empresa, Altea Producciones SL, con domicilio fiscal en Xirivella.

Como «las tres primeras empresas constructoras nada tienen que ver con el mundo de la publicidad o las campañas electorales» se estima «difícil encontrar justificación alguna para que abonen gastos de la campaña electoral de un partido político». Respecto a Altea Producciones, pese a que se dedica a eventos, la denuncia considera que «no está justificado el hecho de que abone los gastos del citado Partido Popular de Paterna». Igualmente, «puede observarse el mismo modus operandi en relación con el Partido Popular de Alaquàs». Ese año el candidato a la Alcaldía fue Antonio Monzó.

Ahora, según recoge la providencia, el juez Ceres ha dado a la Fiscalía cinco días más para que «adicionalmente a lo ya manifestado en su escrito, pueda realizar nuevas alegaciones respecto de la incorporación de dicho escrito y documentos que contiene hechos, al parecer relativos a la posible relación con la financiación de la agrupación local del PP de Paterna pero sin referencia alguna a la mercantil Orange Market SL» por lo que el ministerio fiscal tendrá que buscar más argumentos para conectar los hechos de Paterna y Alaquàs con las piezas de la financiación irregular del PPCV.

Las tres constructoras investigadas por financiar presuntamente actos del PP de Paterna conectan de un modo u otro -bien como administradores, bien como apoderados- a Antonio Gil Soler y Antonio Gil García. Y una de ellas, Vatoyma, tiene una orden de embargo, precisamente, del Ayuntamiento de Paterna, según el registro.

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