El número de agresiones físicas y daños contra la propiedad en acciones de la ultraderecha cometidas por odio ideológico, racial o sexual ha aumentado de “forma preocupante”. Y más en la Comunidad Valenciana (400 denuncias estimadas en 2013) que en la media española (1.471 registradas), según aseguró este viernes el Movimiento contra la Intolerancia en Valencia. La plataforma advirtió del peligro de este crecimiento que se ha detectado, a pesar de que la mayoría de las víctimas (el 90%, según un estudio de la Unión Europea) no denuncia los delitos y faltas por temor a represalias, por desconfianza en las instituciones, porque son inmigrantes sin papeles o no quieren hacer pública su identidad sexual.
Los representantes de la plataforma, el presidente Esteban Ibarra y Toni Gisbert (de Acció Cultural del País Valencià), señalaron como ejemplo de ese arraigo ultraderechista el juicio de la Operación Panzer, por la que la Guardia Civil desarticuló en 2005 en Valencia al neonazi Frente Antisistema, y que sentará en el banquillo el próximo lunes a 18 de sus antiguos miembros. Todos serán procesados en la Audiencia de Valencia por asociación ilícita y buena parte de ellos por tenencia de armas (de fuego y otras blancas ilegales). El fiscal pide un total de 42 años para los acusados, entre los que se encuentra el asesino de Guillem Agulló, Pedro Cuevas, el concejal de Silla de España 2000, José Alejandro Serrador, y dos militares.
Será el juicio más importante que se haya celebrado en España contra organizaciones neonazis, por el número de procesados y por la condición autóctona del Frente Antisistema, a diferencia de otros grupos que eran delegaciones de formaciones europeas. La inminencia de la apertura del juicio oral motivó la convocatoria en Octubre Centre de Cultura de Movimiento contra la Intolerancia, que se ha presentado como acusación particular, junto a Acció Cultural, Ca Revolta, CEAR-PV, Jarit, EUPV, Bloc y Esquerra Republicana. Al acto asistieron los diputados en el Congreso de Diputados José Luis Ábalos (del PSPV, que también se sumó a la denuncia), Ricardo Sixto (de EU), Joan Baldoví (Compromís) y Joan Tardà (Esquerra Republicana), además de Marga Sanz, líder valenciana de EU, y del eurodiputado de Compromís, Jordi Sebastià, y el exdiputado Agustí Cerdà.