Los inspectores estaban preocupados por los «imprudentes análisis de la realidad» que realizaba en sus comparecencias públicas el entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, que había sido nombrado en el año 2000 cuando Rodrigo Rato era vicepresidente económico del Gobierno (luego le acompañaría también al Fondo Monetario Internacional) y al que apenas le quedaban unos meses de mandato. Caruana había minimizado en diversos foros el elevado endeudamiento de las familias y las empresas españolas y rechazaba la posibilidad de un aumento significativo de la morosidad o de otros posibles riesgos en un futuro cercano.
Ante esta situación, los responsables de supervisar las entidades decidieron actuar y remitieron una carta al nuevo titular de Economía, Pedro Solbes, acompañada de un informe demoledor. En él se atrevían a calificar de «frágil» el estado del mercado inmobiliario español y alertaban de «las implicaciones que podría tener para la economía en su conjunto y para el sector financiero en particular una corrección desordenada de sus evidentes desequilibrios».
Ya en el informe anexo, estos profesionales señalaban que se veían en «la obligación de hacer constar que el nivel de riesgo acumulado» en el sistema financiero por la «anómala evolución del mercado inmobiliario» era «muy superior al que se desprende de la lectura de los discursos del Gobernador». Aunque el documento no los cita, los propios datos oficiales del Banco de España reflejan a las claras esta situación: en los seis años que duró el mandato de Jaime Caruana el volumen de crédito concedido por los bancos y cajas españoles se triplicó al pasar de 559.407 millones de euros a más de 1,5 billones (ver gráfico).
La evolución de los préstamos a la promoción inmobiliaria fue aún más espectacular ya que multiplicó por siete su volumen en el mismo periodo, desde los 33.559 millones de euros del año 2000 hasta los 244.050 que alcanzó en 2006. Sólo en este último ejercicio el incremento fue superior al 50%, todo un récord. En descargo de Caruana hay que señalar que saldo crediticio siguió aumentando en los primeros años de Miguel Ángel Fernández Ordóñez al frente de la institución, hasta que llegó la crisis económica.
Para los inspectores, detrás de este crecimiento «desordenado» e «insostenible» de los préstamos se encontraba la «falta de determinación demostrada por el Gobernador» para exigir a los gestores el rigor necesario en la «asunción de riesgos». Esta falta de actuación provocó, además, que el problema se extendiera desde los bancos y cajas peor gestionados al conjunto del sistema: «Incluso las entidades con mejores sistemas de evaluación y gestión del riesgo se han visto obligadas a entrar en esta carrera por la captación de negocio, muy a su pesar, con el único objetivo de evitar ser expulsadas del mercado», señala el documento.
Leer el artículo completo en Levante
No hay comentarios:
Publicar un comentario