La jueza argentina María Servini de Cubría que investiga los crímenes del franquismo desde un juzgado de Buenos Aires ha ordenado la detención y extradición de veinte personas que, según su investigación, estarían relacionadas con la represión franquista y también de los primeros años tras la muerte del dictador Francisco Franco. La sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, el proceso de Burgos en 1970, los sucesos de Vitoria en marzo de 1976 y diversos episodios de supuestas torturas, asesinatos y represión.
Rodolfo Martín-Villa, exministro de Interior, encabeza una lista de veinte nombres: Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez-Ventura Pascual, Alfonso Osorio García, Jesús Quintaba Saracibar, Carlos Rey González, Antonio Troncoso de Castro, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés, José Utrera Molina, Fernando Suárez González, Jesús Cejas Mohedano, Atilano del Valle Oter y por último Abelardo García Balaguer.
“Lo que se investigan son hechos atroces de lesa humanidad”, asegura el auto. La
magistrada María Servini concluye su extenso auto señalando que los delitos que atribuye a estas veinte personas “constituyen crímenes de lesa humanidad, y por tanto la acción y la pena son imprescriptibles”. Por esto, sigue la magistrada, “sus responsables están sujetos a persecución gracias a la jurisdicción universal”.
Proceso de extradición en España
Si todo sigue los cauces jurídicos habituales, los procesos de extradición contra estos 20 imputados caminarán un sendero que pasará por la Audiencia Nacional, y en el que la primera y la última palabra la tendrá el Gobierno español a través del Consejo de Ministros.
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