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| la secretaria general |
Compromís per Paterna acusa al PP de entorpecer la marcha del proceso con impedimentos a su personación y con el intento de anular las declaraciones de la Secretaria y el Interventor
El portavoz municipal de Compromís en Paterna, Juanma Ramón, afirma que “es curioso y sospechoso que cinco de los seis imputados del PP de Paterna, que entre ayer y hoy han declarado por presunta prevaricación por los gastos en la promoción de la Zona Franca, estén representados por un letrado especialista en temas de corrupción. Un abogado que les está aconsejando culpar a los funcionarios como única salida a su imputación”.
Además, “el PP, los imputados con su abogado, están intentando entorpecer la marcha del proceso con diferentes trabas como intentar anular las declaraciones previas de la Secretaria y el Interventor, o querer evitar que el grupo municipal de Compromís per Paterna se personara como acusación. Acciones que no se entienden si cómo ellos dicen todo lo han hecho tan bien y tan legal”.
Según explica Ramón, “todos los que han pasado entre ayer y hoy por el juzgado de Paterna han ejercido su derecho a no decir la verdad como imputados. Y muy bien ejercido porque en ningún momento han querido decir que el informe en el cual se excusan es un informe previo que no incluye los gastos totales de 628.000 euros de la Zona Franca”.
“Este informe, datado en febrero de 2013, sólo hace referencia a los gastos habituales de
una encomienda de marketing, sin incluir la extravagante y surrealista promoción de la Zona Franca fantasma. Más adelante, en marzo de 2013, la Secretaria emite su primer informe contrario a la aprobación de la encomienda que está basada en un Plan Ciudad inexistente. Y al mes siguiente, a Lorenzo Agustí y a su gobierno se les ocurre modificar la encomienda de marketing, incluyendo la totalidad del gasto de la promoción de la Zona Franca hasta llegar a los famosos 628.000 euros”.
“La burda excusa del sello de Intervención en el informe de febrero de 2013 es una maniobra para distraer la atención, escondiendo que la modificación posterior, que es la que se aprueba en junta de gobierno local y por la cual están imputados, no lleva ningún sello y que tiene los informes contrarios de Secretaria e Interventor”.
“Tanto el ex calde como la alcaldesa y el resto de imputados quieren culpabilizar de todo a los funcionarios, cuando lo que pesa más es la decisión política de una junta de gobierno local que aprobó todo el gasto a sabiendas de que no lo tenía que hacer y que admiten haber votado a favor siguiendo la disciplina de voto, impuesta por el ex alcalde.
Además, “el PP, los imputados con su abogado, están intentando entorpecer la marcha del proceso con diferentes trabas como intentar anular las declaraciones previas de la Secretaria y el Interventor, o querer evitar que el grupo municipal de Compromís per Paterna se personara como acusación. Acciones que no se entienden si cómo ellos dicen todo lo han hecho tan bien y tan legal”.
Según explica Ramón, “todos los que han pasado entre ayer y hoy por el juzgado de Paterna han ejercido su derecho a no decir la verdad como imputados. Y muy bien ejercido porque en ningún momento han querido decir que el informe en el cual se excusan es un informe previo que no incluye los gastos totales de 628.000 euros de la Zona Franca”.
“Este informe, datado en febrero de 2013, sólo hace referencia a los gastos habituales de
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| el anterior interventor y el ex alcalde en un pleno |
“La burda excusa del sello de Intervención en el informe de febrero de 2013 es una maniobra para distraer la atención, escondiendo que la modificación posterior, que es la que se aprueba en junta de gobierno local y por la cual están imputados, no lleva ningún sello y que tiene los informes contrarios de Secretaria e Interventor”.
“Tanto el ex calde como la alcaldesa y el resto de imputados quieren culpabilizar de todo a los funcionarios, cuando lo que pesa más es la decisión política de una junta de gobierno local que aprobó todo el gasto a sabiendas de que no lo tenía que hacer y que admiten haber votado a favor siguiendo la disciplina de voto, impuesta por el ex alcalde.
Desde Compromís vemos claro que estamos dentro de un caso en el que intereses personales, que todavía no conocemos, han obligado a los miembros de la junta de gobierno local a obviar la legalidad a la hora de aprobar un gasto de dinero público de más de un millón de euros”, concluye Juanma Ramón.
