Altos cargos usaron taxis a modo de coche oficial, cenaron sushi o pagaron regalos
En 2008, el Consell de Francisco Camps gastaba medio millón de euros al día
El TSJ de la Comunidad obliga a entregar a la diputada de Compromís, Mònica Oltra todas las facturas que se abonaron desde 2006
Se pagaba y nadie preguntaba. El escándalo sobre el uso de la caja fija, la caja black de la Administración valenciana para la oposición, ha removido los cimientos de la Generalitat. Las filtraciones que han motivado la caza del 'topo' en Presidencia, y el cese del jefe de escoltas de Alberto Fabra por un interrogatorio ilegal al jefe de prensa de su vicepresidente para descubrir a los traidores, ha dividido al Partido Popular, que afronta enemistado una campaña electoral decisiva.
El gasto anual que se deriva de las cajas fijas, unas 200 en total vinculadas a cuentas de
Pese a los interrogatorios y el plan interno de Presidencia contra las filtraciones, se siguen aireando facturas de caja fija. Un método de pago legal pero del que desconfían jueces y fiscales porque el Consell habría pervertido su uso y «dificultan el ya de por sí deficitario control y fiscalización de la facturación y contratación» en asuntos menores, según estimó el juez de la Gürtel valenciana cuandoprocesó a 21 altos cargos de Francisco Camps.
El TSJ de la Comunidad obliga a entregar a la diputada de Compromís Mònica Oltra todas
EL MUNDO ha tenido acceso a centenares de facturas abonadas a través de una de las cajas fijas, en concreto, la que usó el recién dimitido presidente de las Cortes, Juan Cotino, y sus colaboradores en su etapa como conseller de Urbanismo y Medio Ambiente.
Los pagos reflejan gastos peculiares de altos cargos: desde 1.524 euros por enviar documentación a Brasil en 2010 pese al uso generalizado del correo electrónico, hasta 947 euros en figuritas encargadas a las Carmelitas, 1.180 euros en horchata o más de 1.000 euros en taxis. Pero en los expedientes no sólo se incluyen este tipo de facturas, también encargos a bufetes de abogados que en teoría deberían haber pasado por un concurso público, tal y como establece la ley de contratos.
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