Si la Generalitat fuera una economía doméstica podría decirse que camina hacia el desahucio. La falta de liquidez en la caja autonómica es tal que existen serios problemas para afrontar el pago de dos de los tres servicios básicos del gasto corriente, la luz y el teléfono, en varias áreas de la Administración autonómica y empresas públicas.
Hasta tal punto que Telefónica ha llegado a apremiar por escrito a departamentos del Consell, entre ellos Canal 9 y varias conselleries, para que abonen de una vez la deuda pendiente por facturas atrasadas o no tendrá más remedio que cortar las líneas.
En algunos casos, como el de la televisión pública, el impago se arrastra desde hace más de un año, lo que convierte a la compañía de telecomunicaciones en uno más de los proveedores de servicios que acaba convirtiéndose en financiador del sector público.
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