imagen de un estudio de tvMediamed ha puesto en venta sus participaciones en empresas que gestionan sus concesiones de TDT, agrupadas en la cadena Tele 7. Al menos otra sociedad del grupo, Telecomarca, ha presentado en el juzgado la solicitud de preconcurso, y en algunas comarcas la cadena ha dejado de emitir.
En otoño, la empresa fue desahuciada de su sede central en Paterna por un antiguo socio. Todo esto, un año después de estallar el caso Gürtel, en le que Ulibarri está imputado y que precipitó la caída de Tele 7, hasta entonces muy apoyada por el PP y la Generalitat. Si ya antes la publicidad era insuficiente, después fue prácticamente inexistente.
Ulibarri, asesorado por el ex ministro y entonces diputado José María Michavila -hermano de la entonces jefa de gabinete del presidente Camps, Ana Michavila- no se adjudicó en realidad ninguna televisión, sino que las compró todas cinco minutos después de adjudicarlas la Generalitat a pequeños empresarios desconocidos, en una operación perfectamente orquestada por el entonces consejero valenciano Esteban González Pons, hoy vicesecretario de Comunicación del PP. El empresario leonés llegó incluso a hacerse cargo de la Televisión Municipal de Valencia, al margen de Tele 7, pero a finales de 2009 tuvo que vender la empresa concesionaria por problemas económicos a una sociedad de la que Rita Barberá se niega a revelar quién es el propietario.
Se trata de 123 Comunicaciones, constituida unos días antes de la compra y que aún no ha sido inscrita en el Registro Mercantil. Cosas así pasan en Valencia (España), donde un ayuntamiento autoriza el traspaso de una concesión pública a una empresa fantasma no inscrita en el Registro Mercantil y se niega a informar durante cuatro meses a la oposición y a la prensa de quiénes está detrás, al tiempo que le concede contratos publicitarios. Deben de ser, eso sí, de mucha confianza.
http://www.eleconomista.es/blogs/naranjazos/?p=457
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