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| dirigentes de la coalición en una campaña anterior |
Compromís per Paterna manifiesta que, “tras saber que el
Tribunal Supremo condena al alcalde de Paterna y a los vecinos que convenció a
recurrir la tasa de la basura de 2006-2007 a pagar 6.000 euros, vamos a llevar
al Tribunal de Cuentas toda la documentación para que determine si Lorenzo
Agustí y los miembros de la Junta de Gobierno Local (JGL) que suspendieron la
tasa han cometido un delito de responsabilidad contable, puesto
que puede ser que la tasa haya prescrito”.
Para la portavoz de Compromís en Paterna, Loles Ripoll, “el
alcalde convirtió en deudoras a muchas personas de Paterna que creyeron su
promesa de que no pasaba nada si no pagaban la basura de 2006. Tasa que el PP
también recomendó que no se pagara porque ellos mismos decían que era ilegal. Toda
esta gente ya se ha convertido en el grupo de los ‘damnificados de Agustí’. Y
ahora a todo esto se añade la sentencia desfavorable del Tribunal Supremo que
también afecta a todos aquellos que junto con Agustí pusieron un recurso contra
la tasa”.
“Los delirios del alcalde han llevado al municipio a una
situación kafkiana ya que gente del Partido Popular, Lorenzo Agustí y 154
personas más, pusieron en 2007 un recurso al TSJ contra el ayuntamiento. Las
dos sentencias del TSJ dan la razón al Ayuntamiento, desestimando el recurso de
Lorenzo Agustí, quien después hace un recurso de casación al Tribunal Supremo
contra el Ayuntamiento del cual ya es alcalde, una maniobra surrealista, con la
única intención posible de alargar la mentira del 2007, que ahora se le ha
desmontado”.
“De los dos posibles finales dependiendo de la respuesta del
Supremo, y que ya anunciábamos en junio, ahora nos encontramos con que el
ayuntamiento pierde el recurso. Pero hasta que no ha llegado la respuesta que
ya conocemos, Agustí, sin hacer ningún esfuerzo por cobrar la tasa, ha
contabilizado en todos los presupuestos que ha hecho, desde que es alcalde, ese
1.700.000 euros que las arcas municipales han dejado de ingresar desde 2006, y
todo esto a sabiendas de que podría ser ilegal no cobrarla. Por ello las prisas
de cobrarla en 2012”, añade Ripoll.
Aun así, Agustí “se cubrió las espaldas porque sabía que no
tenía todas las de ganar, y el 28 de marzo de 2012 quitó la suspensión del
cobro puesto que resulta que “no se puede
mantener por más tiempo la suspensión de la ejecutividad sin correr el riesgo
de que los valores prescriban” y que “Mantener
la suspensión provocaría la prescripción de los valores con la responsabilidad
que tendría el Ayuntamiento al haber suspendido la acción ejecutiva”.
Desde Compromís “pedimos explicaciones y que el alcalde
tenga valor de dar la cara ante la ciudadanía y asumir su responsabilidad. Por
ello consultaremos con el Tribunal de Cuentas para que resuelva sobre si hay un
presunto delito de responsabilidad contable de Agustí y de los miembros de la
JGL que en su día aprobaron la suspensión de la tasa”, concluye la portavoz
municipal, Loles Ripoll.
Noticia relacionada: 19 de junio de 2012
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