En sólo cinco días se resolvió una comisión de investigación en las Cortes Valencianas que las víctimas y la oposición siempre consideraron una "farsa". A finales de 2007 la Justicia archivó el caso en los tribunales. Daba por extinguida la responsabilidad penal tras la muerte del conductor del tren. Oficialmente fue un accidente "imprevisible" e "inexplicable". Cero responsables.
Desde entonces el día 3 de cada mes, la asociación de víctimas ha salido a la calle para recordar la tragedia y reclamar una reunión con el presidente de la Generalitat que Francisco Camps siempre negó como si nada pasara. Alberto Fabra sí les recibió pero nada ha cambiado más allá de la destitución de la gerente de FGV, Marisa Gracía.
Ahora piden a su sucesor en el cargo, Pablo Cotino, que denuncie "las irregularidades cometidas por su empresa, antes y después del accidente", una "investigación real para averiguar las causas del accidente, corregir las deficiencias, evitar que vuelva a pasar y que los responsables asuman su responsabilidad".
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