El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano José Ceres ha rechazado incorporar al caso Gürtel la supuesta financiación ilegal del PP de Paterna en la etapa del recientemente dimitido alcalde Lorenzo Agustí.
La fiscalía Anticorrupción le había solicitado que uniera esa nueva línea a la causa que ya investiga las aportaciones supuestamente irregulares de empresas de la construcción al conjunto de las campañas populares en la Comunidad Valenciana en 2007 (municipales y autonómicas) y 2008 (generales). Y ello a pesar de que en el caso de Paterna la denuncia original, presentada por Compromís, apunta a empresas distintas y no aparece en ella la sombra de la red de Francisco Correa.
"En última instancia", argumentaba Anticorrupción, "la contabilidad y su rendición de cuentas correspondientes a las elecciones municipales de 2007 en la Comunidad Valenciana no pueden ser analizadas sin tomar en consideración incluso la contabilidad y rendición de cuentas correspondientes a las elecciones autonómicas del mismo día”.
El magistrado no acepta las alegaciones de la fiscalía, señala que en la denuncia no figura ningún aforado (que es lo que determina de modo general la competencia del TSJ), ni tampoco ninguno de los ya encausados en la vertiente valenciana del caso Gürtel. Abre la puerta, sin embargo, a que la fiscalía plantee la cuestión a la Sala Civil y Penal del TSJ, "competente para delimitar la competencia de este tribunal".
La supuesta financiación irregular a la campaña, en 2007, de los populares en Paterna, la habrían realizado "tres empresas constructoras con una misma dirección fiscal y una cuarta empresa" dedicada a la publicidad. Las cuatro habrían pagado actos electorales a la firma que se encargó de la campaña popular. Las facturas identifican "claramente como destinatario al Partido Popular de Paterna", añade la fiscalía, que considera difícil "encontrar justificación alguna" para que tales empresas "abonen gastos de la campaña electoral de un partido político".
Agustí, considerado en su momento una figura emergente del PP valenciano, dimitió en julio como alcalde del décimo municipio valenciano más poblado (67.000 habitantes) después de verse implicado en dos causas judiciales. El exregidor está imputado por la adjudicación de un auditorio y por los gastos de publicidad destinados a promover una zona franca de 1,2 millones de metros cuadrados en el término municipal de Paterna.
elpaís
La fiscalía Anticorrupción le había solicitado que uniera esa nueva línea a la causa que ya investiga las aportaciones supuestamente irregulares de empresas de la construcción al conjunto de las campañas populares en la Comunidad Valenciana en 2007 (municipales y autonómicas) y 2008 (generales). Y ello a pesar de que en el caso de Paterna la denuncia original, presentada por Compromís, apunta a empresas distintas y no aparece en ella la sombra de la red de Francisco Correa.
"En última instancia", argumentaba Anticorrupción, "la contabilidad y su rendición de cuentas correspondientes a las elecciones municipales de 2007 en la Comunidad Valenciana no pueden ser analizadas sin tomar en consideración incluso la contabilidad y rendición de cuentas correspondientes a las elecciones autonómicas del mismo día”.
El magistrado no acepta las alegaciones de la fiscalía, señala que en la denuncia no figura ningún aforado (que es lo que determina de modo general la competencia del TSJ), ni tampoco ninguno de los ya encausados en la vertiente valenciana del caso Gürtel. Abre la puerta, sin embargo, a que la fiscalía plantee la cuestión a la Sala Civil y Penal del TSJ, "competente para delimitar la competencia de este tribunal".
La supuesta financiación irregular a la campaña, en 2007, de los populares en Paterna, la habrían realizado "tres empresas constructoras con una misma dirección fiscal y una cuarta empresa" dedicada a la publicidad. Las cuatro habrían pagado actos electorales a la firma que se encargó de la campaña popular. Las facturas identifican "claramente como destinatario al Partido Popular de Paterna", añade la fiscalía, que considera difícil "encontrar justificación alguna" para que tales empresas "abonen gastos de la campaña electoral de un partido político".
Agustí, considerado en su momento una figura emergente del PP valenciano, dimitió en julio como alcalde del décimo municipio valenciano más poblado (67.000 habitantes) después de verse implicado en dos causas judiciales. El exregidor está imputado por la adjudicación de un auditorio y por los gastos de publicidad destinados a promover una zona franca de 1,2 millones de metros cuadrados en el término municipal de Paterna.
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