El Instituto Tecnológico de la Construcción (Aidico) podría tener las horas contadas y verse abocado a una «refundación», según ha podido saber Levante-EMV de fuentes bien informadas. El centro tecnológico se encuentra en fase de preconcurso de acreedores desde hace casi tres meses, negociando una salida que evite llegar al concurso, después de que la Generalitat valenciana tuviera que inyectar 1,4 millones de euros en octubre de 2013 para evitar su quiebra, aunque Aidico solicitaba 2 millones.
Durante el proceso de «revitalización» del instituto, el Consell, a través del Ivace, forzó la renuncia del equipo directivo, al que se consideraba responsable de la situación del centro por su contestada gestión económica. El gerente Ramón Congost permaneció en su puesto hasta que abandonó el cargo este verano.
Congost había cedió poderes a Fernando Palomares, un ejecutivo impuesto por la Conselleria de Economía que había trabajado como director financiero en construcciones Luján y Colebega.
Palomares es el encargado de dibujar una salida al instituto para evitar el concurso, una labor en la que está acompañado por el empresario José Luis Miguel, vicepresidente segundo de Aidico como representante de la patronal de la construcción Fevec.
La situación del instituto, sin embargo, es muy delicada. La implicación económica de la Generalitat para evitar su caída en la liquidación es vital, pero su delicada situación presupuestaria y la falta de implicación de los propios empresarios en el futuro de la institución parece abocar a Aidico al concurso de acreedores.
El último balance depositado en el Registro Mercantil, correspondiente al ejercicio de 2012, refleja deudas a largo plazo por importe de 5,8 millones de euros de los que 3,3 eran préstamos bancarios. Aidico recurrió en su día a la CAM para financiar la construcción de su nueva sede en el Parque Tecnológico de Paterna. También hay deudas con empresas constructoras y con proveedores, además de con el propio Ivace. También hay trabajadores que siguen sin cobrar parte de las indemnizaciones pactadas en los expedientes de regulación de empleo que se han aprobado.
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