Mónica Oltra y Marga Sanz absueltas por los altercados del Cabanyal

La sentencia del juzgado de instrucción número 10 de Valencia  absuelve a los responsables políticos y a los policías involucrados en el desalojo y los altercados ocurridos en abril de 2010 en el barrio del Cabanyal. En esa fecha se produjo un enfrentamiento entre policías y vecinos, respaldados por representantes políticos como las diputadas autonómicas Mónica Oltra (Compromís) y Marga Sanz (EU), contrarios a los derribos ordenados por el Ayuntamiento de Valencia para prolongar la avenida Blasco Ibáñez.

Vecinos, politicos y policías se han vuelto a ver las caras dos años después en un juicio de faltas por lesiones y alteración del orden público.
El juez cuestiona la actuación policial por "pretender que ante un numeros grupo de personas congregadas y entre el ruido y los gritos éstas pudieran apercibirse de la orden de desalojo". Máxime cuando la propia policía local de Valencia admitió que "ni siquiera disponían de megáfono o que no estaban preparados para actuar ante tal muchedumbre" una competencia que recaería en la Policía Nacional.

El juez apunta en la sentencia que "existen versiones contradictorias" entre partes y testigos y "no es posible dotar de mayor credibilidad a unas u otras, debiendo además valorar la problemática social, jurídica, administrativa y política que desborda los hechos objetos de este proceso". Una alusión directa al conflicto vecinal generado por el plan especial del Cabanyal que prevé el derribo de cientos de casas protegidas de este barrio de arquitectura modernista popular.

El juez entiende que "no se aprecia concurrencia de elementos incriminatorios suficientes que desvirtúen la presunción de inocencia en cuanto a las faltas de orden público". Entre los representantes vecinales que se han sentado en el banquillo está Faustino Villora, de la plataforma Salvem el Cabanyal, que también ha sido absuelto.
Levante

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Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a menudo tienen que acudir a los juzgados o tribunales de justicia, bien en calidad de testigos o como de parte denunciante o denunciada. Su presencia como fuerza policial dirigida por el poder ejecutivo ante el poder judicial "tiene que llevarse a cabo en un plan de total igualdad con respecto al resto de la ciudadanía que forma parte del proceso, ya sea como testigos, denunciantes, denunciados, demandante o demandado", ha indicado la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, en un comunicado. En caso contrario "se estaría corrompiendo la igualdad de todos ante la justicia", ha dicho.
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