Aunque propone mejoras en la actual normativa, como elevar el precio por el que el banco se puede adjudicar la vivienda del actual 60% del valor de tasación al 75%, y elimina los abusivos intereses de demora, que han llegado a alcanzar porcentajes de hasta el 24%, el conjunto de las enmiendas está lejos de satisfacer las demandas ciudadanas. Su redacción es, por otra parte, tan enrevesada, que hasta los juristas más avezados en esta materia declaran tener dificultades para poder aquilatar su verdadero alcance.
Lo que sí está claro es que la propuesta del PP deja sin amparo a los afectados por las 198.000 ejecuciones hipotecarias que hay en curso, y sin solución a las decenas de miles han sido ya objeto de lanzamiento en los cinco años que llevamos de crisis y han perdido sus casas, pero siguen teniendo una deuda en muchos casos insoportable con el banco.
Si el PP hace valer el rodillo de su mayoría absoluta, esos desahuciados seguirán siendo víctimas de una legislación que el Tribunal Europeo de Luxemburgo ya ha declarado injusta porque vulnera la legislación sobre protección de los consumidores. Esta ley establece que los deudores habrán de responder de la deuda pendiente con todos sus bienes presentes y futuros, lo que para muchos desahuciados supone una condena que en algunos casos habrán de arrostrar de por vida.
Leer editorial completo en Elpaís
