La decisión ha sido tomada en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que le pidió que se inhibiese en favor del juez de la misma Audiencia Pablo Ruz, que acordó la semana pasada investigar los mismos 'papeles' en una pieza separada del 'caso Gürtel'.
Ademas, en su auto cita a declarar como imputados entre los días 25 y 27 de marzo a los extesoreros 'populares' Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y a diez empresarios que supuestamente hicieron donaciones al PP. Se trata de todas las personas contra las que se dirigía la acción penal de la querella salvo los exdirigentes 'populares' Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo porque entiende que resulta "prematuro" darles la condición de imputados y "sólo distorsionaría la instrucción, sin perjuicio, claro está de lo que resulte del curso de ésta".
Además, el juez ordena notificar la admisión a trámite de la querella al PP para que se persone si lo considera oportuno En ese sentido, expone que en España los partidos políticos no tienen responsabilidad criminal, pero, siempre según la querella, es indiscutible que el PP fue el beneficiario de las donaciones, por lo que se ve afectado por la investigación, ya que la sola recepción de fondos procedentes de empresas adjudicatarias de contratos administrativos lo configura, "en el mejor de los casos, como tercero partícipe a título lucrativo".
Según fuentes jurídicas, el conflicto entre los dos jueces instructores para investigar los mismos hechos debería ser resuelto por la Sala de lo Penal, órgano superior a ambos. Sin embargo, previamente debe formalizarse la discrepancia, lo que debería ocurrir cuando uno de los dos jueces reclame al otro la inhibición. En caso de que el reclamado no la concediese, es cuando el asunto debería resolverse por la Sala.
De momento, en el auto de este lunes, Gómez Bermúdez ordena a los empresarios contra los que se dirigía la querella que "en el improrrogable plazo de siete días aporten copia o relación de los ingresos de los que hayan sido beneficiarios entre 2002 y 2009 por administraciones gobernadas por el Partido Popular".
También requiere al PP para que en ese mismo plazo aporte copia o relación de los ingresos que por el concepto "donaciones" ha recibido entre 2002 y 2009 de los empresarios que figuran en los deminados 'papeles de Bárcenas', que el diario 'El País' publicó el pasado el 31 de enero, y que el juez también reclama.
La querella, presentada por IU ha sido elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes.
A todos ellos los querellantes les atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.
El juez también remite un oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social para que aporte la vida laboral y la historia de bases de cotizaciones de Bárcenas entre los años 2009 y 2013, y otro a la Agencia Tributaria para que le entregue la Declaración Tributaria Especial a la que se acogió el extesorero a través de la empresa Tesedul.
De igual modo, pide las declaraciones de IRPF que realizaron algunos de los cargos que habrían recibido dinero, según la contabilidad B atribuida a Bárcenas, entre los que se encuentran el presidente del Senado, Pío García Escudero, Santiago Abascal, Jaime Ignacio del Burgo, Eugenio Nasarre, Calixto Ayesa o Jaume Matas.
Según valora IU en un comunicado, la decisión de Bermúdez "demuestra que la querella criminal presentada es una iniciativa necesaria y fundada". Asimismo, destacan que resulta "especialmente importante para la sociedad" el hecho de que con ella se logre, tal y como explican, "parar los plazos de prescripción de los delitos supuestamente cometidos y la responsabilidad sobre los mismos".
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