Elena Salgado, vicepresidenta del Gobierno de Zapatero, afirmó en 2011: “La reestructuración del sector la pagará el sector y no los contribuyentes”. Un año después, Luis de Guindos, ministro de Economía del PP, ratificó el discurso: “Los contribuyentes no pondrán ni un euro en la reestructuración”. Posteriormente, ante la tozudez de los hechos, el ministro viró hacia un discurso más realista: “Hacemos todo lo necesario para minimizar el coste de la crisis para el contribuyente”.
Ya nadie duda de que la factura del hundimiento de parte de las antiguas cajas de ahorros tendrá un coste descomunal para los ciudadanos. No se puede precisar cuántos millones de los 41.400 aportados por Europa (además de los 14.404 millones adelantados por el Estado) se perderán para siempre porque todavía no se han hecho las cuentas definitivas ya que no se han vendido las entidades rescatadas más importantes: Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Banc. También se desconoce cómo acabará el banco malo, es decir, si necesitará o no más de los 2.160 millones que ha aportado el Estado a la Sareb, el 45% del capital.
De cualquier forma, y según los propios cálculos preliminares del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), se puede concluir que el grueso de lo invertido no se recuperará. También los datos de la Asociación Española de Banca, (AEB) van en esta línea. En junio pasado cifró en 33.000 millones las pérdidas reconocidas en la crisis.
Las cuentas de resultados del FROB, que no son cálculos definitivos, daban por perdidos 36.000 millones de los cerca de 52.000 millones que inyectó al sector hasta 2012.
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