El informe de los observadores de la ONU es contundente, el Supremo no se debió amparar en la Ley de Amnistía para archivar su investigación, ¿pasan los años y parece que la ONU le da la razón?
Realmente el informe en su examen a España ha sido contundente y muy crítico aunque ya se preveía por las intervenciones que la delegación española hizo en el Comité y lo que establece es que España está infringiendo la convención porque no investiga las desapariciones del franquismo. Se exige a España que esa investigación se haga de manera exhaustiva e imparcial independientemente del tiempo trascurrido e insta a que adopten medidas legislativas o judiciales, que son precisamente las que se incumplieron, con vistas a superar los obstáculos jurídicos, específicamente la Ley de Amnistía.
Es decir, adopta la interpretación contraria al Tribunal Supremo y en línea con la que yo mismo y otros juristas veníamos manteniendo para establecer la necesidad de la investigación de esos crímenes porque son crímenes que no han prescrito, que se siguen cometiendo a día de hoy y la ausencia de investigación es uno de los actos de mayor vergüenza del Estado español frente a las víctimas.
¿Tiene la sensación de que le da la razón el informe?
Sí, me siento muy reconfortado. Tuve la oportunidad de expresar lo que pensábamos sobre el informe de España y realmente recoge todos los puntos que las organizaciones de la sociedad civil habíamos expuesto, especial relevancia tiene la que habla de la necesidad de la creación de una comisión de expertos independientes que busque la verdad en las desapariciones forzadas y en otro punto fundamental que pone los puntos sobre las ies en las inaplicación de la Ley de la Memoria Histórica e insta al Estado a crear un organismo para que asuma la investigación de las causas. Que el Estado haga lo que le corresponde que no descarte a las víctimas del franquismo porque son víctimas actuales.
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