Demanda del Fòrum per la Memòria del PV contra el estado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estraburgo

Público

La denuncia es por genocidio y crímenes contra la humanidad durante el franquismo y por violación de nuestros derechos fundamentales

La demanda ha sido admitida a trámite

El Tribunal Constitucional español no admitió a trámite el recurso de amparo presentado por el Fòrum per la Memòria del País Valencià, en relación con el genocidio franquista y con las 6 fosas comunes de Cementerio General de Valencia. Estas fosas ocupan una superficie total de 41.020 m² en las que, del día 1 de abril de 1.939 al 31 de diciembre de 1.945, se han podido documentar 23.661 personas, todas ellas tiradas a dichas fosas durante ese periodo. 

Este Tribunal dice textualmente “que no se ha acreditado la trascendencia constitucional del recurso” y ello a pesar de no poner en duda la realidad de los hechos denunciados ya que especifica que “nada cabe decir sobre su verosimilitud”. Es decir, en otras palabras y por si no quedara claro –desde hace muchos años- que todo está atado y bien atado.

Cerradas las puertas del ordenamiento jurídico español, el Fòrum ha presentado una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Consideramos que si el Estado Español niega a sus ciudadanos la investigación, esclarecimiento y reparación de los crímenes de la dictadura, es nuestra una obligación moral insistir en su denuncia, exigir la verdad y demandar justicia y memoria.

Cuando derechos básicos, como el de información, son conculcados por parte de un sistema político y judicial, heredero de las tramas de la dictadura, hay algo más que una simple voluntad de ocultación. Hay también, cabe pensar, una complicidad última con los hechos que denunciamos, una secuencia lógica de responsabilidad por parte de este Estado llamado de Derecho con el régimen anterior, una naturaleza heredada o, sin más, continuista de la estructura de poder franquista.

Se trata de una simple cuestión de Derechos Humanos. El Estado Español no parece ser sensible a algo tan elemental como la existencia de innumerables fosas comunes desperdigadas por todo el territorio, repletas de personas víctimas de la represión general, fusiladas, estranguladas, ahogadas, apalizadas o muertas bajo las terribles condiciones sociales que impuso la dictadura durante todos los años en que oprimió a la población que había perdido la guerra.