Los recursos económicos que destina el Gobierno para financiar los servicios
sociales que se ofrecen en los Ayuntamientos nunca han sido muchos, pero nunca
se necesitaron tanto como ahora, al menos en las últimas décadas. Se contaba el
año pasado con una partida de unos 50 millones de euros en cifras redondas: para
2013 se dedicarán solo 30, un recorte
de un 40%.
Los servicios sociales básicos que prestan Ayuntamientos y otras
corporaciones locales, el tradicionalmente llamado Plan Concertado creado en los
ochenta, sirven para atender a la población más necesitada, la que ya no alcanza
a pagar el recibo de la luz, el agua, a quien ha perdido la prestación
por desempleo y necesita ayuda para alimentos, ropa.
Los trabajadores sociales que gestionan estas oficinas enseñan a buscar empleo,
a encontrar programas de formación adecuados, reciclaje de los desempleados y
les proporcionan una última red de apoyo público. Son ayudas puntuales en
situaciones de emergencia, que estos años han desbordado las peticiones. Como
repiten los profesionales del sector, “recortar estas ayudas es como cerrar
hospitales en plena epidemia”.
El País
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