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| -acelera Paco- |
Como ambos políticos del PP son aforados, si el juez Castro entendiera finalmente que hay indicios suficientes contra ambos dirigentes, debería inhibirse en la parte de la investigación referida a la Comunidad Valenciana y remitir este asunto al Tribunal Superior de Justicia de esa autonomía.
La declaración de Urdangarin ante el juez José Castro del pasado 23 de febrero, cuya transcripción adelantó ayer la edición digital de EL PAÍS, coloca a los dos dirigentes del PP valenciano en situación similar a la del expresidente balear Jaume Matas, ya imputado en el caso Nóos por dar adjudicaciones a dedo.
Apremiado por el fiscal, el yerno del Rey acabó reconociendo que se puso a trabajar en la organización de los eventos antes incluso de que se firmase el convenio, algo que ocurrió mucho después de su reunión con Barberá y Camps, ambos del PP.
El juez Castro apuntaba en un auto del pasado 30 de enero, donde aceptaba la petición de fianza que había hecho la fiscalía, que los convenios firmados por el Gobierno valenciano con Nóos “no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo, con la única finalidad, y con total abuso de poder, de beneficiar al Instituto Nóos y en este caso al más ilustre de sus miembros, al señor Urdangarin”.
En ese auto, acusaba a la Comunidad Valenciana durante el mandato de Francisco Camps y al ayuntamiento de Valencia, gobernado por Rita Barberá, de incurrir en “transgresiones palmarias” de la ley, y de prescindir “olímpicamente de tramitar ningún concurso público o negociado”, lo que les hacía merecedores “del más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados”.
ElPaís
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