Fabra, finalmente, en el banquillo

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El comienzo del juicio contra Carlos Fabra constituye una pequeña victoria del Estado de Derecho. Al cabo de diez años de una laboriosa y accidentada investigación, en la que han intervenido sucesivamente hasta nueve jueces de instrucción y cuatro fiscales, está previsto que el expresidente de la Diputación de Castellón y expresidente provincial del PP se siente en el banquillo para responder de acusaciones de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, por los que el ministerio público requiere 13 años de cárcel, multa e indemnización.

Sin perjuicio del derecho que le asiste a dar cuantos rodeos le permiten las normas procesales, hay que reflexionar sobre las consecuencias de la permisividad de su partido hacia el antiguo patrón de la provincia de Castellón. El caso Fabra, surgido en 2003, fue el primero de una larga serie de escándalos en la Comunidad Valenciana, por los que se encuentran imputados o procesados diferentes cargos y antiguos cargos, entre ellos varios diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas.

Todo ello al margen del despliegue de proyectos de Carlos Fabra en torno a un aeropuerto que sigue inactivo, herencia que se teme va a ser muy costosa para los contribuyentes por el pleito que enfrenta a la empresa concesionaria con la Generalitat valenciana.
Resumen editorial ElPaís