El juez Ceres ya investiga los congresos del PP de Rajoy y Camps en Feria Valencia
El juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, continúa ahondando en las adjudicaciones que Orange Market, la empresa que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes, recibió de la Generalitat y sus organismos hasta que la trama fue desarticulada en 2009. El magistrado, que acaba de imputar en la causa al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, dirige ahora su atención a los trabajos que la firma de El Bigotes realizó en Feria Valencia en 2008 y, a petición de la fiscalía, ha requerido a la institución “la documentación relativa a la contratación de Orange Market” en aquel ejercicio.Entre los trabajos realizados aquel año por la empresa en el recinto ferial se contó el 16º congreso nacional del PP, en el que el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se impuso a los críticos que pedían su relevo después de su segunda derrota electoral ante el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Y también el 12º congreso del PP valenciano, que consagró el poder del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras haber liquidado a los últimos partidarios de su antecesor Eduardo Zaplana.
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El juez Ceres investiga en la causa la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, pero también 76 contratos que la Generalitat adjudicó a dedo a Orange Market y a otras empresas de la trama.
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-La Generalitat concedió a Orange Market y otras empresas de Gürtel 85 contratos por 7,2 millones de euros entre 2004 y 2009.
-Solo nueve fueron por concurso público, que obligan a exigentes procedimientos administrativos. Cinco de esos concursos fueron, sin embargo, amañados, según Anticorrupción, dando lugar a la llamada pieza de Fitur, en la que el juez está a punto de abrir juicio oral. En el banquillo se sentará probablemente, entre otros, la expresidenta de las Cortes Valencianas, exconsejera de Turismo, diputada y alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez.
-El resto de contratos (76) fueron supuestamente troceados para que no superasen un determinado límite económico
Elpaís