UGT organizará una 'chorizada' el próximo día 25 de abril, a las 10.30 horas, una jornada de protesta en la puerta de los juzgados de Paterna para manifestar su oposición a la privatización de los registros civiles y contra la pretensión del Gobierno de cargar en el bolsillo de los ciudadanos el coste de un servicio que hasta ahora viene prestándose de forma pública y gratuita.
UGT informa que, sólo en el Registro Civil de de Paterna, el registro civil se realiza unas 950 inscripciones y emite alrededor de 10.000 certificados, además de tramitar más de 1.500 expedientes de nacionalidad y matrimonio, que con una media de 25 euros por trámite, suponen un montante de más de 300.000 euros que pasarán a bolsillos privados”.
La “chorizada” tiene como fin mostrar su oposición a la intención del Ministerio de Justicia está de modificar la Ley del Registro Civil. Con este motivo ha hecho público un borrador de Proyecto de Ley que pretende, entre otros cambios, cerrar los registros civiles y transferir la competencia de los trámites y certificaciones a los Registradores de la Propiedad.
Si el anteproyecto prospera, según CCOO, los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y los Notarios, sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes aranceles.
En consecuencia todos los ciudadanos tendrán que pagar un arancel al Registrador de la Propiedad o Notario, por las partidas de nacimiento, defunción, matrimonio y todo tipo de actos que actualmente son gratuitos y que afectan a la esfera más íntima de derechos y voluntades de los ciudadanos.
Santiago Alegre, responsable de la Sección Sindical de UGT en Justicia, ha denunciado que este proyecto supone en la práctica “darle en exclusiva un monopolio a los registradores de la propiedad, que verán aumentados sus ingresos en un 1500%, puesto que cada persona que naciera, se casase, cambiase de estado civil o falleciera pasaría obligatoriamente por caja pagando el arancel correspondiente”.
El Registro Civil ha sido un servicio público y gratuito para todos los ciudadanos desde 1870, y que fue modernizado en 2011 con la digitalización de todos los libros del registro desde el año 1950, lo que supuso una inversión de 129 millones de euros, mejorando la calidad de este servicio que, en la actualidad, es uno de los mejor valorados dentro de la Administración de Justicia
La “chorizada” tiene como fin mostrar su oposición a la intención del Ministerio de Justicia está de modificar la Ley del Registro Civil. Con este motivo ha hecho público un borrador de Proyecto de Ley que pretende, entre otros cambios, cerrar los registros civiles y transferir la competencia de los trámites y certificaciones a los Registradores de la Propiedad.
Si el anteproyecto prospera, según CCOO, los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y los Notarios, sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes aranceles.
En consecuencia todos los ciudadanos tendrán que pagar un arancel al Registrador de la Propiedad o Notario, por las partidas de nacimiento, defunción, matrimonio y todo tipo de actos que actualmente son gratuitos y que afectan a la esfera más íntima de derechos y voluntades de los ciudadanos.
Santiago Alegre, responsable de la Sección Sindical de UGT en Justicia, ha denunciado que este proyecto supone en la práctica “darle en exclusiva un monopolio a los registradores de la propiedad, que verán aumentados sus ingresos en un 1500%, puesto que cada persona que naciera, se casase, cambiase de estado civil o falleciera pasaría obligatoriamente por caja pagando el arancel correspondiente”.
El Registro Civil ha sido un servicio público y gratuito para todos los ciudadanos desde 1870, y que fue modernizado en 2011 con la digitalización de todos los libros del registro desde el año 1950, lo que supuso una inversión de 129 millones de euros, mejorando la calidad de este servicio que, en la actualidad, es uno de los mejor valorados dentro de la Administración de Justicia
