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| Visita del PSPV durante las obras |
En respuesta a una denuncia presentada el pasado 7 de junio por el portavoz socialista en Paterna, Juan Antonio Sagredo, la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, ha remitido al juzgado decano de Paterna las diligencias de investigación incoadas para que abra un procedimiento penal dado que “de lo actuado se desprende que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación”. El juzgado decano, conforme a las normas de reparto, tendrá que remitir el caso al juzgado que corresponda para que inicie la instrucción.
La resolución de la fiscalía, que tiene fecha del pasado 8 de julio, abre un nuevo escenario en la política de Paterna, cuyo alcalde argumentó desde el principio, pese a todas las advertencias en sentido contrario, que el proyecto se encargó tras la decisión tomada ante notario por los socios del Centro Musical Paternense como conclusión de un concurso de ideas para la construcción del auditorio y la escuela de música. Con un coste de cinco millones de euros, el complejo del auditorio Antonio Cabeza, inaugurado en enero de 2011, se financió con fondos del denominado Plan E, también conocido como plan Zapatero, pero la Delegación del Gobierno se negó a aceptar el procedimiento de adjudicación del proyecto y acabó interponiendo, en octubre de 2010, un recurso que llevó a su anulación en 2012.
La empresa pública Sociedad Urbanística Municipal de Paterna (Sumpa) invitó en abril de 2008 a varios estudios a un concurso restringido de ideas que ganó el Estudio de Arquitectura de Paterna. En enero de 2009, el alcalde ordenó por decreto a Sumpa que encargara el proyecto de ejecución y la empresa pública lo adjudicó directamente por 456.470 euros al estudio que había ganado el concurso de ideas. Dicha adjudicación directa obviaba los procedimientos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. En marzo de 2010, y sin atender a los informes del interventor y de la secretaria y el oficial mayor, el pleno del Ayuntamiento de Paterna aprobó, solo con los votos del PP, anular la encomienda a Sumpa, convalidó la falta de expediente de contratación, dio luz verde al expediente de aprobación de gasto y ordenó que se procediera a abonar a la mercantil Estudio de Arquitectura de Paterna el importe cuando se entregara el proyecto.
El interventor advirtió de que “el contrato por su cuantía está sujeto a regulación armonizada”. La secretaria municipal y el oficial mayor, a su vez, indicaron que efectuar un “procedimiento de concurrencia competitiva” no solo era lo legal sino que “presumiblemente habría conllevado mejoras económicas para el Ayuntamiento que debe afrontar el pago”.
