La norma contempla retirar las competencias en servicios sociales a las entidades locales —las que conocen más a fondo las necesidades de los vecinos y prestan una atención más cercana— y trasladar la responsabilidad de la asistencia a las autonomías.
Ese tránsito de titularidad se producirá en un momento económico especialmente delicado para las comunidades autónomas, que ya han visto reducidos sus recursos para servicios sociales, así que difícilmente podrán encargarse de otros. Además, se desconoce cuáles asumirán finalmente las autonomías, que tendrán que hacerse cargo del coste de las prestaciones en plena asfixia financiera, y cuáles decidirán cerrar o privatizar. A esta incertidumbre no ayuda que el recorte en el gasto público sea uno de los principios que han inspirado la nueva ley.
Hasta ahora, los municipios de más de 20.000 habitantes tenían la responsabilidad de prestar servicios sociales. Y así lo han venido haciendo desde mitad de los ochenta. Las localidades han ido desplegando servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de apoyo a la familia, de prevención e inserción social, comedores, servicios de atención a la mujer, albergues de inmigrantes o cualquier otro recurso que consideraran necesario.
La última versión de la Ley elimina la responsabilidad de la prestación de servicios sociales a los municipios, más allá de los estrechos márgenes de la “evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Es decir, a poco más que una ventanilla de derivación. .
