Con este objetivo, representantes del Instituto Valenciano de la Viviendas (Ivvsa) --entidad que gestiona las viviendas de Patrimonio Público de la Generalitat-- han mantenido diversas reuniones con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), así como con diversos ayuntamientos, para encontrar una solución a esta cuestión, informan la Generalitat y la federación.
Entre las alternativas que se han estudiado, destaca la posibilidad de fraccionar este impuesto municipal durante doce mensualidades. También se está analizando la aplicación, por parte de los municipios, de bonificaciones al impuesto.
En definitiva, "se trata de hacer una esfuerzo conjunto entre la Generalitat, que solo se encarga de gestionar el cobro del IBI, y los ayuntamientos para que este impuesto municipal resulte los menos gravoso para las familias acogidas a los alquileres sociales", asevera la administración autonómica en un comunicado.
La Generalitat ya aplica bonificaciones a los arrendamientos sociales y que pueden alcanzar hasta un 90% de la renta en función de los ingresos de la familia, el número de miembros y la cuantía del alquiler. De esta manera reducen el precio de su alquiler, según las condiciones socio-económicas del momento.
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