Tengo que reconocer que cada vez me cuesta más comprender la indiferencia de un gran número de españoles y españolas que aceptan estoicamente, o bien jalean y justifican, los escándalos de corrupción y latrocinio de los servidores públicos como si fuera algo normal que forma parte de nuestra cotidianeidad. Hasta tal punto ha llegado ese pasotismo, que ese contingente, alarmantemente alto, acepta, sin remordimiento, las burdas defensas mediáticas y políticas de quienes están en entredicho por su inapropiada actuación, que incluso podría ser delictiva, y no se inmuta cuando un jefe de Gobierno, duramente cuestionado, se limita, hasta ahora, como único argumento ante las graves acusaciones de corrupción en su contra, a anunciar una comparecencia 20 días después de la ratificación judicial del escándalo...La apelación al Estado de derecho es baldía cuando, previamente, se quebranta el mismo (cobro de sobresueldos, ocultación de cantidades al fisco, financiación ilegal de un partido político, aprovechamiento del cargo para percibir comisiones). ¿De qué Estado de derecho hablan? Quienes así se comportan, máxime si están en lo más alto de la Administración o de la justicia constitucional, no merecen la confianza de los ciudadanos, porque ellos son el principal peligro para la subsistencia del sistema democrático al haber quebrantado, sin complejos, y, aun peor, justificándolo, el juramento de entrega al servicio público y la defensa de los principios constitucionales que les obligan. Cuando así actúa, se deben pagar las consecuencias a todos los niveles, porque de lo contrario la credibilidad del sistema se arrastra por los suelos.
Este principio, tan arraigado en otras democracias, en la nuestra no vale ni como saldo de temporada, porque al final del día la línea entre lo ético y lo legal se difumina, dando paso a la arbitrariedad y lo delictivo. La corrupción afecta a las estructuras del Estado y genera desigualdad y empobrecimiento en los ciudadanos, convirtiéndose en el más grosero de los ataques a los derechos humanos, que solo justifican aquellos que se aprovechan y benefician de la misma. A pesar de esto, en España no se produce un clamor popular, por encima de las diferencias o planteamientos políticos, contra los que han roto el contrato con los ciudadanos, engañándolos. Lo de menos es que se llamen Bárcenas, Correa, Gürtel, ERE, Nóos o Palau de la Música, lo verdaderamente preocupante es que los hechos que motivaron esos casos se han producido y los últimos responsables se amparan en las inmunidades del miedo y la vergüenza y desprecian el respeto a la justicia, tratando de socavarla, incluso desde dentro.
El mutismo nos hace cómplices de esta situación. La falta de decisión política por parte de quienes están en el poder o los que ejercen oposición al mismo debe hacernos reaccionar. Todos, salvo contadas excepciones, han asumido una postura oportunista y precavida, o lo que es peor, condicionada a la propia acción de los perpetradores.
La denuncia de un sistema esencialmente corrupto es necesaria, frente a la compra de conciencias adormecidas que justifican la impunidad de estas conductas.
Baltasar Garzón, resumen de El País
