En primer lugar el lobby de empresarios de construcción de obra pública, que vuelven a resucitar la ampliación de la circunvalación de Valencia (By pass).
En segundo lugar la empresa AUMAR, concesionaria del peaje de la autopista AP-7.
En tercer lugar la Generalitat, porque tiene necesidad de realizar inversiones en obra pública y acallar al sector de la construcción que se lo reclama.
En cuarto lugar, el Estado a través del Ministerio de Fomento, como alternativa a la ausencia de inversión en el Corredor del Mediterráneo.
En quinto lugar, algunos Alcaldes de la zona, como afirmó en la rueda de prensa de presentación del by pass, la Delegada del Gobierno. ¿Será Agustí, uno de ellos?.
¿QUE HAY DETRÁS DE ESTE DESPROPÓSITO?
De todos es sabido que la concesión del peaje de la autopista AP-7, termina en el año 2019, el acuerdo de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana a la Consellería de Infraestructuras y al Ministerio de Fomento, es que proponga a la concesionaria de la AP-7, AUMAR, la construcción por concesión de la ampliación de la circunvalación de Valencia (By pass) a cambio de una prórroga del peaje de la autopista.
¿QUIEN SE BENEFICIA CON ESTA ACTUACIÓN?
Para el lobby de empresarios de la construcción, esta actuación facilitaría la contratación de una obra pública de considerables dimensiones que aliviaría la precaria situación en la que se encuentran los contratistas de obra pública.
Para AUMAR, una moneda de cambio para un aumento de los años de concesión de la AP-7, al igual que hicieron los gobiernos del PP y del PSOE, en el pasado y que termina en 2019.
Para los gobiernos Autonómico y del Estado, un alivio para las arcas públicas y sacar pecho frente a los reclaman inversiones en la Comunidad, como por ejemplo FERMED, respecto a la falta de inversión en el eje mediterráneo, infraestructura que considera necesaria la
Para los mega proyectos de Agustí, a los que se facilitaría el acceso a esta gran
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