La Comisión Europea ha decidido llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) a la sociedad pública Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA), controlada por la Generalitat Valenciana, por adjudicar contratos de obras sin publicidad y sin garantizar la igualdad de trato entre las empresas privadas.
La Comisión ha rechazado las alegaciones presentadas por la Generalitat al dictamen motivado elaborado por Bruselas reiterando que la adjudicación directa a estas empresas mixtas vulnera, según Bruselas, no sólo la normativa comunitaria en materia de contratación pública, "sino también el propio Tratado de la UE", según señalaron ayer fuentes del ejecutivo comunitario.
El PSPV pidió la disolución de estas empresas mixtas, a las que calificó de "gran estafa montada para unos pocos" y el eurogrupo de Los Verdes decidió denunciar su creación en la dirección del Mercado Interior de la Comisión Europea, iniciándose un procedimiento que entra ahora en fase judicial que puede acabar en sanción económica contra España.
Ayer, la diputada de Iniciativa y síndica de Compromís en las Corts Valencianes Mònica Oltra aseguraba que la decisión europea es "una prueba más" de la "nefasta política urbanística" que lleva a cabo el Consell, que "trató de enmascarar como privados la adjudicación de contratos públicos".
Comentario, dice el refrán "cuando las barbas de tu vecino...", a tener en cuenta ahora que se habla tanto de empresas mixtas en Paterna. Ahora se ven claramente los peligros de esas empresas que se"inventó" el conseller Blasco.
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