Asimismo, la norma otorgará un poder de control a la minoría de la oposición para exigir responsabilidad política al gobierno municipal, de modo que además de los concejales, tengan que responder en pleno o comisión, si la minoría requiere su presencia, los directivos de organismos públicos y servicios municipales.
Los ciudadanos podrán presentar alegaciones a todo tipo de ordenanzas municipales, con excepción de las fiscales, antes de que se aprueben en el pleno.
La reforma de la Ley de Bases regulará la iniciativa popular de modo que los ciudadanos podrán presentar propuestas o proyectos de reglamento en materias de competencia municipal. Bastará con el 10% en los más de más de 20.000 habitantes.
El proyecto de ley delimitará, asimismo, con más claridad las funciones del Consejo de Gobierno de las del pleno municipal, de modo que no se tengan que someter a este órgano "asuntos sin trascendencia política".
También delimitará las funciones del alcalde o de los tenientes alcaldes y recogerá un estatuto de los representantes locales y concejales con sus derechos políticos así como la posibilidad de crear comisiones de investigación o la regulación de la comparecencia en el pleno de la asamblea de los directivos de organismos públicos y de servicios municipales.
Comentario, es la respuesta del Gobierno ante la corrupción municipal y permitirá un mayor control de los concejales de la oposición y de los vecinos. Veremos en qué queda.
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