EQUO expresa su solidaridad con los mineros y reclama un futuro más sostenible para las cuencas

Ante la llegada de la marcha minera a Madrid, EQUO quiere expresar su total solidaridad con los trabajadores que temen perder su puesto de trabajo ante los recortes anunciados y la falta de alternativas que se les plantea.

EQUO considera que se deben mantener las ayudas actuales y comprometidas a las cuencas con el objetivo de ofrecer un futuro diferente para esta comarca, rescatando a las personas que las habitan, permitiéndoles una transición laboral justa y una alternativa para la población joven, pero no para mantener las explotaciones y a los empresario privados.

EQUO defiende un futuro más sostenible para las cuencas mineras

EQUO ha recordado que las ayudas muchas veces no se han destinado para el objetivo real, que era buscar otro modelo de desarrollo, reactivando las comarcas y generando empleo, y se han utilizado para seguir fomentando una actividad muy contaminante, que entendemos no debe ser subvencionada, ni se debe comprar carbón al exterior con el agravante de no ser obtenido mediante unas condiciones laborales dignas.

Por ello, EQUO considera que ha llegado el momento de realmente apostar por el futuro; y por tanto mantener las ayudas para conseguir este objetivo. Por ello, EQUO pide que el sector sea 100% público y absorba a los trabajadores hasta su jubilación en base a estas ayudas; y que progresivamente, se vayan reestructurando y cerrando las explotaciones mineras, y que progresivamente, se vayan cerrando las explotaciones mineras. Asimismo, es importante garantizar una transición justa que garantice el futuro de la población de las cuencas.

El carbón es el combustible que más CO2 emite por unidad de energía producida. Su eliminación es fundamental para luchar contra el cambio climático; sobre todo si tenemos en cuenta que hay alternativas limpias a esta energía que además generan más puestos de trabajo y futuro mejor para las generaciones venideras de estas comarcas.

Asimismo, EQUO reclama a la Delegación del gobierno que las fuerzas de seguridad respeten escrupulosamente el derecho de la ciudadanía a manifestarse.