Lorenzo Agustí, según un representante vecinal, es el primer alcalde de la democracia al que los vecinos le han hecho una manifestación en la que públicamente se ha pedido su dimisión
En la tarde del lunes se han vuelto a reunir las diez asociaciones de vecinos que están llevando adelante las movilizaciones contra la subida del IBI y que completan su lista de reivindicaciones con el recordatorio de otras promesas electorales del PP: devolución de la TAMER, la no aplicación de la Tasa del Alcantarillado, ahora disfrazada como "Tarifa medioambiental", y otras.
En la tarde de hoy han aceptado el ofrecimiento del PSPV de convocatoria de un pleno extraordinario a solicitar por los concejales de la oposición en cuyo orden del día figure el tema principal del IBI y el resto de las reivindicaciones cuyo listado les harán llegar.
También han recibido con satisfacción la moción registrada por Compromís en solicitud de una renegociación de los plazos del Plan de ajuste que permita una rebaja efectiva en los recibos que para 2014 sería del 12 %. En este caso solicitarán a Compromís que presente dicha moción al Pleno extraordinario
Asimismo han mantenido como "inexcusable" la necesidad de que el pleno sea por la tarde para que pueda asistir sus asociados y vecinos en general aun a riesgo de no caber en el salón de plenos.
Otra reivindicación será el derecho a participar en cada uno de los puntos por lo que se convocara una nueva reunión en cuanto se conozca la fecha del pleno, pera designar portavoces para cada uno de ellos.
Ante la propuesta de solicitar previamente al alcalde una reunión de tanteo, la inmensa mayoría ha votado en contra manifestándose a favor de que sea el propio alcalde quien solicite el encuentro.
Al efecto las asociaciones presentes ya piensan en convocar una nueva manifestación para lo que han acordado formas de financiación de los gastos de carteles, octavillas y pancarta.
Asimismo ha sido objeto de información y debate el hecho de que, en efecto, fuera la Brigada Municipal la encargada de retirar todos los carteles fuera de los espacios de expresión libre (la mayoría estaban colocados en esquinas, farolas, etc.), cosa que aun siendo legal consideran un auténtico ataque municipal a las movilizaciones ciudadanas que, lejos de arredrarse, van a redoblar sus esfuerzos hasta conseguir los fines propuestos.