La Administración valenciana ignoró informaciones relevantes
La decisión de la Fiscalía Provincial de Valencia de abrir nuevas diligencias de investigación sobre el accidente de metro, que causó 43 muertos y 47 heridos el 3 de julio de 2006, ha vuelto a poner sobre la mesa la información que la Administración valenciana ocultó durante años para eludir cualquier responsabilidad política en el mayor siniestro sufrido por un suburbano en España.
El Gobierno valenciano y su presidente, Francisco Camps, se emplearon a fondo para enterrar rápidamente una tragedia que amenazaba el despegue de su política de grandes eventos y el diseño de la campaña electoral que iba a tener lugar meses después.
Los responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), temerosos de que se pudiesen derivar responsabilidades penales, negaron que hubiese ninguna otra causa que no fuese el exceso de velocidad. Y ello, a pesar de la existencia de datos que podían alentar la teoría de un accidente multifactorial.
La información relacionada con tres descarrilamientos previos de la unidad siniestrada, la UTA 3736 de la serie 3.700, se omitió. Un informe elaborado dos años antes sobre la necesidad de sustituir, por obsoletas, las unidades de metro de esta serie se escamoteó.
Las comparecencias del personal de Ferrocarrils de la Generalitat se cocinaron previamente con el asesoramiento de una agencia de comunicación. Y la falta de celo en la custodia de la unidad descarrilada hizo que fuese posible el acceso al convoy tras la retirada del túnel. El libro de averías original, que debía estar en la cabina, nunca apareció.
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