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| uno de los residentes okupas |
Los acusados piden poder habitarlas hasta que sean demolidas y amenazan con acampar en el ayuntamiento si los dejan en la calle
El futuro de siete familias se decide este martes en el juzgado de instrucción número 4 de Paterna. Se trata de los habitantes de las viviendas militares de la localidad, inmuebles que, desde hace meses, dan cobijo a personas sin recursos del municipio. Ellos defienden que no hacen «nada malo», que simplemente dan uso a unas casas «en buenas condiciones» mientras su anunciada demolición se convierte en una realidad. Pero la empresa Sumpa, propietaria de los inmuebles, ha denunciado a los residentes, que mañana tendrán que defenderse ante la justicia de la acusación de 'usurpación de vivienda ajena'.
Según el ayuntamiento son 12 las casas habitadas en la zona. Cinco de ellas poseen un permiso de habitabilidad y han sido asignadas a familias necesitadas, pero las siete restantes «han sido ocupadas de manera irregular». «Si estas viviendas estuvieran en buenas condiciones Sumpa las habría cedido sin ningún impedimento, pero existe un informe municipal que desaconseja residir en ellas por riesgo para las personas que las habitan, y, si pasara algo, la empresa sería la responsable. Por eso ha tenido que denunciar», cuentan.
Pero la versión de los actuales pobladores de las viviendas es bastante distinta ta a lo expresado por el ayuntamiento. En primer lugar niegan que las viviendas se encuentren en mal estado. «Esta casa está bien. Lo que tenía mal lo hemos reparado. Cuando caen trombas de agua no aparece ni una sola gotera», asegura un habitante del lugar que prefiere no desvelar su nombre. Según explica este hombre de 80 años, toda su familia, incluidos sus hijos y sus nietos, precisan de este inmueble para salir adelante. «Si nos la quitan nos iremos a la calle, no tenemos alternativa», asegura.
La situación de las viviendas militares de Paterna, cuyos propietarios fueron desalojados sin que se derribaran sus hogares, se debe a la paralización del proyecto urbanístico pensado para la zona a causa de la quiebra de la empresa municipal Sumpa. A finales de 2007, el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, y el director general del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas), firmaron un acuerdo para la demolición de las viejas casas y la construcción de las viviendas protegidas en el espacio. Tras meses de negociaciones, los 42 residentes que todavía vivían en el lugar dieron su visto bueno al
proyecto y abandonaron los inmuebles.
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| antiguas viviendas militares |
200 viviendas
Pero, pese a marcharse de la zona, las obras no fueron más allá de la rehabilitación de 12 residencias que Sumpa optó por conservar y la construcción de 30 adosados para acoger a los vecinos, por lo que el proyecto de reurbanización de la colonia militar, que prevé la creación de 220 viviendas protegidas, un centro social y una escuela infantil, sigue pendiente.
