¿Es razonable decir que España no podrá soportar un gasto máximo en pensiones equivalente al 14% del PIB en 2050, cuando Francia e Italia invierten hoy más de eso? ¿Pone realmente en peligro la supervivencia del sistema de pensiones la mayor esperanza de vida? ¿Es obligatorio que el sistema de pensiones esté ligado a las cotizaciones a la Seguridad Social?
Estas son algunas de las razones que el Gobierno de Mariano Rajoy ha empleado para justificar la necesidad de aplicar la reforma de las pensiones elaborada por su grupo de expertos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, trata de vender como un éxito el supuesto ahorro de 33.000 millones de euros que supondrá la reforma tan sólo de aquí a 2022. El éxito es de dudosa ética si se tiene en cuenta que esa cifra que ahorra la ministra se consigue no actualizando las pensiones con el IPC y, por tanto, quitándole poder adquisitivo a uno de los sectores más vulnerables de la población.
Un grupo formado por 24 economistas presentó ayer en Madrid un manifiesto en el que desmenuzan una a una lo que consideran "las falacias del grupo de expertos" de Rajoy y que propone un proyecto alternativo que no sólo evitaría ese recorte de 33.000 millones, sino que además garantizaría que el sistema de pensiones siga siendo 100% público. "La argumentación del Gobierno y los expertos es una falacia y una traición contra los intereses de la mayoría", declaró uno de los autores delestudio.
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