La familia lleva un mes fuera de su casa. A la falta de trabajo se unieron los problemas conyugales. En 2011, según explica la afectada a LAS PROVINCIAS, ella y su marido se vieron forzados a dejar de pagar la mensualidad de su hipoteca. «Era elegir entre pagar la cuota de 200 euros o comer», relata. El poco dinero que entraba en el hogar era el que conseguía el padre «vendiendo chatarra».
Además, hace ocho meses el matrimonio decidió separarse, quedando ella, según explica, a cargo de todos los hijos. «Alguna vez mi marido me da algo de lo que saca, pero poco», cuenta Cristina, que subraya que lo peor llegó hace un mes. «Cuando nos cortaron la luz y el agua ya no podíamos seguir allí. Seis hijos son muchos para estar sin poder lavarse ni cocinar», asegura. El próximo 16 de julio el banco se quedará definitivamente con la vivienda.
Según detalla, pidió permiso la semana pasada para residir en una de las viviendas militares ubicadas a escasos 400 metros del ayuntamiento, una zona cuya demolición y nueva reurbanización quedó aplazada a causa de la coyuntura económica. «Me reuní con la concejal de Bienestar Social, Elena Martínez, y nos hizo ilusionarnos. Me dijo que el lunes nos darían una respuesta, pero cuando cuando regresé me dijo que me buscara un lugar en el que quedarme porque iba para largo».
Éste fue el motivo que la llevó a presentarse en el pleno junto a sus seis hijos, donde anunció su intención de pasar esta noche en el ayuntamiento si no les proporcionan una vivienda. «O nos autorizan a vivir en una de las casas militares o nos quedamos aquí. Yo no voy a entrar de okupa, sólo quiero un permiso para no estar en la calle con seis niños», dijo.
LasProvincias
Como toda solución el alcalde le prometió que, al cavar el pleno, la concejala de Servicios Sociales le "gestionaría" una pernoctación en la Casa de Caridad de Valencia
