jueves, 22 de mayo de 2014

SAGREDO: “EL AYUNTAMIENTO ANULA EL CONTRATO CON EL ABOGADO QUE DEFIENDE LA IMPUTACIÓN DEL ALCALDE EN EL CASO AGUSTÍ”

- Juan Antonio Sagredo recuerda que fue el propio Lorenzo Agustí y los cinco concejales del PP que conforman la JGL los que autorizaron en agosto de 2013 pagar la defensa del alcalde con fondos públicos

- El dirigente socialista considera ‘sospechoso’ que el abogado penalista no haya aportado al Ayuntamiento los certificados de estar al corriente de sus obligaciones fiscales


El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha informado hoy que Lorenzo Agustí ha anulado el contrato municipal que tenía con el abogado penalista que le lleva su defensa judicial en el Caso Agustí por el que el alcalde está imputado por prevaricación por adjudicar, supuestamente a dedo, el proyecto del Auditori.

Sagredo ha explicado que, casualmente, ha sido el propio alcalde y miembros de su Equipo de Gobierno los que, en la Junta de Gobierno Local celebrada este lunes 19 de mayo, han dejado sin efecto el contrato menor que aprobaron en agosto de 2013 con el letrado catalán Manuel Troyano adjudicándole la defensa judicial de Agustí.

Y es que, según ha destacado el portavoz socialista, “el abogado en cuestión no ha aportado al consistorio, que es el que costea los honorarios del jurista, los certificados positivos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social”.

Sobre este hecho, que Sagredo considera como una “tapadera”, el dirigente socialista ha indicado que “resulta, cuanto menos sospechoso, que un abogado de renombre de un prestigioso bufete de Barcelona no presente al Ayuntamiento de Paterna los certificados de estar al corriente de sus obligaciones fiscales que se le requieren para poder seguir adelante con el contrato ya adjudicado”.

Sin embargo, para el portavoz socialista, todo esto obedece al temor, tanto de Lorenzo Agustí como de cinco de los concejales del PP que conforman la Junta de Gobierno Local, de ser acusados de prevaricación por autorizar el pago, con fondos públicos, de la defensa del alcalde.