viernes, 23 de mayo de 2014

Un juzgado de Paterna investiga la denuncia penal de Compromís contra 5 ex directivos de RTVV por un agujero de 1.300 millones

RTVV
Un juzgado de Paterna ha admitido a trámite la denuncia presentada por Compromís contra cinco exdirectivos de Radiotelevisión Valenciana –Lola Johnson, Luis Redondo, Lluís Motes, Nuria Romeral y José López Jaraba- por la posible comisión de los delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos que dejaron un “agujero” de 1.300 millones de euros.

El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Enric Morera, ha explicado los detalles de la denuncia presentada por su grupo en marzo y por la cual la jueza ha citado a declarar en julio a ex responsables de la extinta radiotelevisión pública valenciana.

En un auto hecho público hoy, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna anuncia que incoa diligencias previas, según el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “para averiguar la identidad y circunstancias de las personas responsables y la realidad de los hechos sucedidos” por si fueran constitutivos de delito.

Según Compromís, la denuncia presentada instaba a investigar “la gestión económica y patrimonial que llevó a la empresa a su cierre, y a dejar una deuda a la Administración pública valenciana cercana a 1.600 millones de euros”.

Compromís reclama en su denuncia que se les responsabilice personalmente del quebranto económico que han producido “considerando esa deuda pública como ilegítima”.


Lola Johnson dimite tras su imputación
La secretaria autonómica de Comunicación, Lola Johnson, ha presentado hoy su dimisión. La renuncia de Johnson se produce horas después de que un juzgado de Paterna haya admitido a trámite la denuncia presentada por Compromís contra cinco exdirectivos de Radiotelevisión Valenciana –Lola Johnson, Luis Redondo, Lluís Motes, Nuria Romeral y José López Jaraba- por la posible comisión de los delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos que dejaron un “agujero” de 1.300 millones de euros.

En un comunicado, la propia Johnson, que fue directora del ente publico, manifiesta su total disposición a colaborar con la justicia y asegura que todas las actuaciones a lo largo de su vida profesional se han ajustado a “la legalidad y a la defensa del interés general”.
hotanoticias